La alcaldesa de Bogotá, saca por decreto el POT que tendrá vigencia por 15 años, y desconoce todas las opiniones que sobre  el tema habían plateado los concejales, los gremios y los ciudadanos, cancel la ALO del norte, permite la construcción de moteles y prostíbulos en sectores residenciales, y crea 13 nuevas alcaldías locales, entre otros de los tantos micos de un documento de más de 600 hojas, un 29 de diciembre y aprovechando las vacaciones y la temporada de fin de año termina haciendo lo que le prohibía a Peñalosa y lo que pregonaba en campaña que no haría. Decepcionada debe estar la Claudia de independiente y alternativa de 2019 de ver en lo que se ha convertido esta autoritaria mandataria.

Los Concejos municipales y distritales tienen una naturaleza constitucional que se fundamenta en el principio de representación democrática para la toma de decisiones de la administración pública.

Esta característica jurídica no es menor. Es una conquista de la democracia participativa y representativa, donde las decisiones son tomadas, no por el “Emperador”, si no por el soberano que en el caso de Colombia reside en la Voluntad Popular. Es por ello, que los asuntos trascendentales de la administración se deben tratar, en primera instancia, ante los Concejos; pues, dentro de sus funciones legales, entre otras, tienen la competencia de legitimar los planes de gobierno de los alcaldes electos, aprobar los presupuestos de ejecución por parte de las administraciones, temas de seguridad, temas de trascendencia local y, por supuesto, ordenar, orientar, administrar el desarrollo físico y destinar el uso del territorio en el que se asienta toda la comunidad.

Sobre lo que se puede o no hacer con el suelo, es un asunto capital para el desarrollo social y económico de las entidades territoriales, porque es el lugar donde el ser humano desarrolla todas y cada una de sus acciones, vive en comunidad y en familia. Las normas y las reglas que afectan este espacio, tienen que estar en armonía con las necesidades reales de sus habitantes. Por ello, las dinámicas y el comportamiento de los fenómenos que ocurren en el territorio, dependen, acá en Colombia, de los planes de ordenamiento territorial. Estas son normas de carácter orgánico, porque organizan el territorio, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos transportamos o cómo disfrutamos del suelo.

Este elemento esencial de cualquier sociedad, no puede ser objeto de tiranías personales, mucho menos convertirlo en “punto de honor” que beneficia aspiraciones políticas y electoreras del regente del momento. Expedir un POT, para que su legitimación en la sociedad sea constitucional, requiere haber sido debatido y decidido por los representantes del soberano del territorio. Cuando un alcalde desconoce la discusión y la decisión de los representantes del pueblo, anula la democracia participativa en las decisiones de la administración. Es una forma despótica de ejercer el poder, en contra de la voluntad de todos los habitantes del Distrito.

Invito a los bogotanos que rechacemos sin titubeos el Decreto No. 555 del 2021 de la administración de Claudia López, con el que nos desconoce como dueños soberanos del territorio en el que vivimos. Es necesario eliminar de la ley, esa facultad perversa que tienen los alcaldes para expedir el POT vía decreto. No más conejo. No más incoherencias dialécticas. Las decisiones de hoy, afectan nuestro futuro.